El desprestigio político en la Europa monetaria, y especialmente en España, está
alcanzando niveles auténticamente alarmantes que provocan en la ciudadanía gran alarma social, mientras los protagonistas continúan con sus monólogos
para borregos. Mienten aun sabiendo que nadie les cree, bueno no todos, alguno
de sus partidarios casi es seguro que sí, aunque promuevan extrañas campañas de
auto-propaganda saliendo en los medios diciendo bobadas como esa que… “la
gente del Pp. prefieren pagar la hipoteca antes que comer”, o esta otra,
“se
duchan con agua fría para ahorrar”, o aquella que se llevó el primer
premio de la antología del disparate deshonesto refiriéndose a la dacción en
pago, “… algunos aprovechados dejan de pagar la hipoteca para así poder
comprar otro piso mejor”. Sin
embargo actualmente, son muy pocos los españoles que hoy dudan que el inmueble de la
calle Génova se asemeja más la cueva de Alí Babá, que a la sede de un partido
político que hasta no hace mucho tiempo aparentaba ser el prototipo de la
honestidad, y aún hoy fingen serlo. En estos momentos deben tener la maquinaria
“legal” del partido trabajando al
máximo, porque al parecer les urge establecer nuevas leyes que favorezcan a los
suyos. Se dan prisa porque temen que el
asunto de la Gurtel, Bárcenas, etc. les explote en la cara antes de acabar de construir
las bases para seguir mangoneando desde el más ‘payá’, quieren hacerse con el mayor botín posible, y de paso dejar
bien colocados a sus más cercanos esbirros.
En Castilla La Mancha, su presidenta, la
señora “de” Cospedal, además de
haber pactado el retiro de Bárcenas, aquél del “despido retroactivo”, ha
prescindido sin pudor de los servicios de la Cruz Roja Española de su Comunidad que llevaba el programa de Emergencia Social para las Personas Dependientes,
y entregárselo a una empresa privada. Quiere hacer lo mismo con los
hospitales, centros de salud y demás servicios “no rentables” como el cementerio para los desechos radiactivos que
se trajo a su ámbito de influencia. ¿Sabéis quien anda detrás de todas estas
privatizaciones? Sactamente.
No obstante estos desmanes no solo los
hacen en esa Comunidad, ¡qué va! también son frecuentes en Andalucía, Valencia,
Murcia, Galicia, Cataluña… y en cualquier lugar donde la corrupción destaque impune. Ahora, el
gobierno pretende reformar la Ley de Costas. Una Ley que entrega el Litoral español a los Ayuntamientos limítrofes
en bandeja de plata, para que cada cual haga en su feudo lo que estime
conveniente. Una Ley con más agujeros que un queso suizo. Naturalmente,
antes de llegar a este punto han tenido que eliminar muchos obstáculos: típicos
barrios de pescadores con más de cien años de antigüedad, antiguas
urbanizaciones legales, hoteles, restaurantes, chiringuitos que pagaban sus
impuestos… etc. Ahora las costas, una vez despejadas de estorbos tan indeseados
como bien situados geográfica y estratégicamente, quedarán en poder de los grandes depredadores del ladrillo
que ansiaban volver a la especulación que es lo suyo. A no tardar veremos que las playas estarán vedadas para los ciudadanos,
y posiblemente tendremos que pasar por taquilla o pagar algún impuesto si
queremos tomar el sol y mojarnos el culo. ¿Cómo
puede haber gente tan insaciable, que primero crea una Ley que se supone de Protección Ambiental, para después terminar transformada en un derecho de propiedad?
Esta Ley que a todas luces tiene trazas
de privatización encubierta, permite entre otras cosas, tener en propiedad un
acceso público casi de por vida, una especulación urbanística hecha a medida de
los intereses privados. Con la antigua Ley, no se podía construir a menos de 100
metros de la costa, y aún así hemos visto en muchas playas que el mar llega a
las mismas puertas de algunas urbanizaciones. Cuando aprueben esta nueva Ley, la
zona de protección disminuye hasta situarla a 20 metros del mar en algunos
casos, pero eso sí, deberán dejar una franja de servidumbre de 3 metros. Al
mismo tiempo, esta nueva Ley indulta la demolición de 250.000 posesiones privadas
y más de 3.000 chiringuitos levantados en suelo público, y garantiza la
explotación y disfrute de estas construcciones a todas luces ilegales.
Pese a los coladeros que tiene esta Ley,
creo que el famoso y mastodóntico hotel “El
Algarrobico”, fiel ejemplo de la corrupción política, que se construyó nada
menos que dentro del Parque Natural del
Cabo de Gata, en Almería, no se salvará de la demolición porque tiene una
sentencia firme, aunque me malicio que esta gente es capaz de volver a legalizarlo
aprovechando su mayoría absoluta y esta Ley, que bien utilizada por los
interesados, puede hacer que este hotel se “libre
de la quema”. Llevan muchos años mareando la cuestión, y al parecer la Junta de
Andalucía no quiere gastarse los más de 7 millones de euros que cuesta
demolerlo, y supongo que tampoco querrán reembolsar los milloncejos que posiblemente recibieron
algunos por autorizar su construcción, el asunto no está para despilfarros. Si
fuesen inteligentes, cosa que pongo en duda, podían aprovechar la circunstancia para instalar
en él una Macro-Residencia de Ancianos, por ejemplo.
Con el pretexto de “garantizar la protección
del Litoral”, el gobierno aprovecha para moldear una España a su medida,
y mientras esto sucede, sospechosamente la oposición calla, y los demás
partidos aguardan en silencio su oportunidad.
Para
terminar diré que con esta Ley, nuestro Litoral quedará en manos de los
caciques locales que vuelven a abusar de los ciudadanos honrados mientras los demás
políticos se miran el ombligo.
¿Dónde
queda el Estado del Derecho?
Saludos de Miguel.
