Que los sindicatos son necesarios en los
países democráticos nadie lo pone en duda. Sin embargo, cuando estos parecen
estar más cerca del patrón que del empleado, cuando están más preocupados por
recoger beneficios que de proteger a sus afiliados, por méritos propios dejan
de ser fiables y se convierten en una carga social más.
Esto viene por el sospechoso
comportamiento de las dos centrales sindicales mayoritarias en estos tiempos de
crisis. Las dudas aumentan considerablemente cuando leemos en los medios de comunicación
noticias como esta: “Blesa aprobó un crédito de 11 millones de euros a Comisiones Obreras
para mantener su cargo en Caja Madrid”.
Ahí no queda la cosa; presuntamente,
durante el mandato de Zapatero, aparte de “hacer la vista gorda” en muchas
ocasiones, UGT y CCOO se embolsaron alrededor de 1.000 millones de euros en subvenciones,
tal vez para que permanecieran quietos pasara lo que pasase. Estas cantidades fueron ingresadas en sus
cuentas por varias vías; a través de la Administración General del Estado, por
las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Además de lo anterior, la principal
fuente de ingresos de los sindicatos según se desprende de los informes
recogidos por este aprendiz de censor, son las partidas que reciben por la gestión de los numerosos cursos de
formación que realizan, por los que manejan unos escalofriantes
presupuestos que rondan los 2.200 millones
de euros a cuenta del erario público.
Según he podido saber, también explotan
otros nuevos mercados que salieron a la luz cuando se actualizó la Reforma
Laboral. Esta otra fuente de ingresos que entran en las cuentas bancarias de
los sindicatos españoles, les viene como ya era sabido, de la negociación
colectiva y ahora por la gestión de los
expedientes de regularización de empleo; los conocidos ERE. Por este motivo, en los últimos años, podían
haber ingresado casi otros 500
millones de euros procedentes de la intermediación
en los procesos, ya que por cada
despido que gestionan los sindicatos, se llevan una ganancia que puede
oscilar entre el 10% y un 15% de la cantidad que le corresponde a cada trabajador despedido, como
indemnización. O sea, que no sólo cobran por defender a este trabajador,
sino también por su despido. La cuestión es que tanto los sindicatos como la
patronal, mercadean a costa de los trabajadores.
Aquí no termina el asunto, los
sindicatos también reciben dinero
público por gestionar los planes de
pensiones. Según publicó hace unos días La Gaceta, “CCOO y UGT se embolsaron medio millón de euros anuales,
por la administración del Plan de
Pensiones de la Administración del Estado”.
Después de conocer estas mareantes
cifras, ¿alguien duda de la fiabilidad de los sindicatos españoles?
Para terminar un pensamiento:
“Cuando
se trata de dinero, todos son de la misma religión”.
Saludos, Miguel