Hay que reconocer que el Gobierno
español sabe moverse como “pez en el agua” cuando camina al margen del Derecho.
Saben utilizar como nadie los argumentos arbitrarios para recortar derechos y
libertades, con la finalidad de ocultar sus verdaderas intenciones sobre sus retorcidas
políticas.
Aunque ya es “agua pasada”, la llamada
Doctrina Parot, lamentablemente vuelve a estar de actualidad por el caso del
miserable “violador del estilete”,
que fue prácticamente expulsado de la cárcel al acogerse a esta ley, y ha
vuelto a reincidir. Este asunto ya vertió mucha tinta en su día sin que ningún
medio de comunicación investigara las causas reales que motivaron la salida,
entre otros, de este tipejo.
Debido a este tremendo resbalón
legislativo, dedicaré unas líneas a los tristes efectos que ha originado la
derogación del método Parot, que en el año 2.006
entró en vigor por obra y gracia del Tribunal
Supremo siguiendo un novedoso criterio
sobre la aplicación de beneficios penitenciarios. Según este sistema, la redención de penas no podía aplicarse
sobre el límite máximo de los cumplimientos penales, sino sobre cada una de las
penas realmente impuestas. En este sentido el Código Penal señalaba que la
redención se empleaba sobre la pena, y no existía ninguna norma que
estableciera que la aplicación de la redención debiera desarrollarse sobre el
límite máximo de los 30 años. Para abreviar y dejando a un lado cuestiones
morales, no es digerible que el culpable
de 20 atentados terroristas tenga el mismo tratamiento, en cuanto a reinserción
y redención me refiero, que al autor de 20 delitos de robo sin violencia.
Hasta aquí no voy a entrar a debatir el
argumento. La verdadera cuestión por la cual fue anulada esta doctrina por el Tribunal Europeo Derechos Humanos de
Estrasburgo, el 21 de octubre de
2.013, y que según dicen los
entendidos, carece de competencias para
interferir sobre las leyes internas de ningún país comunitario, fue debido
a la petición del Gobierno a quien le urge quedar bien con la dirección de ETA para
conseguir un pacto definitivo, y lograr así la rendición de los violentos durante
la legislatura de Rajoy. Esto situaría Partido
en el Poder en la cumbre gloriosa de
la política que tanto necesitan para esconder sus miserias. ¿Recordáis que el Tribunal de Estrasburgo
dictó sentencia en tiempo récord? Pues menos tiempo necesitó Rajoy para
autorizar “Jornada de Puertas Abiertas”
en todas las cárceles españolas. A partir de ese momento los jueces del gremio
carcelario, fieles a su patrón obedecieron sin rechistar. Desde ese mismo día, pudimos
contemplar incrédulos no solo la salida masiva de asesinos terroristas, sino
que también aprovecharon para subirse al carro criminales de toda índole;
violadores, pederastas, narcotraficantes y gente de la peor ralea, sin expresar
el menor síntoma de arrepentimiento. A continuación el Gobierno trató de encubrir
la píldora jugando a lo único que sabe: al despiste.
Como los males nunca vienen solos, hace
unos días la mayoría dominante del Pp.
en el Congreso, aprobó la
modificación de otra ley, esta vez le tocó el turno a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita las condiciones en las
que los jueces españoles pueden investigar los delitos cometidos fuera del
territorio nacional. Es decir, restringen la Justicia Universal y solo podrán investigar “… aquellos delitos graves
cometidos fuera del territorio nacional, como los de genocidio y lesa humanidad
cuando la causa se dirija contra españoles y extranjeros que tuvieran la
nacionalidad española”.
Al parecer, con la anulación a todas
luces injusta de esta Ley, la justicia queda mutilada, los jueces fraccionados,
y los asesinos relacionados con delitos como los de genocidio en Guatemala, el
Tíbet, en Ruanda, en el Sahara, los crímenes de guerra en Gaza, las torturas de
Guantánamo, y el asesinato de José
Couso, pueden quedar impunes. Debemos tener en cuenta que lo más miserable de este asunto, es que todo esto lo hayan originado
quienes dicen ser los defensores a ultranza del derecho a la vida. ¡¡Manda güevos!! Está comprobado que las
cuestiones relacionadas con la justicia criminal, tanto interior como exterior,
le interesan poco, por no decir nada, al Gobierno de Rajoy. A estos políticos
les mueve un solo interés: forrarse cuanto antes sin contemplaciones y sin
vergüenza. Que no manipulen el cuento.
Como dice mi amigo Pascual, muy dado a
los refranes: “No hay mal que por bien no
venga”. Puede que ahora los jueces tengan más tiempo para ocuparse de los
delitos de corrupción de su propio país.
Os saluda, Miguel.
