Seguramente pensareis que me repito
hablando sobre corrupción política, y es cierto. Pese a caer en ese aparente desacierto,
nunca me cansaré de manifestar mi total repulsa hacia ese supuestamente “distinguido
colectivo”, mientras siga habiendo políticos especializados en vaciar las arcas
públicas, y partidos políticos amparando sus fechorías en contra de los
intereses generales del pueblo que los sostiene.
Quiero aclarar que cuando hablo de
partidos corruptos, me refiero a los partidos nacionales que lideran el
ranking por volumen de dinero supuestamente saqueado del erario público. Por
ejemplo, el número 1º de la selección
lo encabeza el Pp. que según las estadísticas consultadas, lleva defraudados
alrededor de 121.695 millones de euros,
solo el año pasado. Lo sigue el Psoe
con 10.618 millones. El CIU de Pujol y Más, ahora CDC, va a la zaga con 5.385 millones escamoteados. Lo extraño
del caso es que el Pp. “solo” tenga 900
políticos imputados por corrupción, seguido del Psoe con 350 imputados, de los cuales 162
son ex cargos políticos andaluces, cuya comunidad “presume” de ser la más
corrupta del país, seguida por Baleares en la época de Jaime Matas. Ante este
panorama de estafas, fraudes y mentiras, tenemos al que se supone guardián del tesoro,
el Banco de España, que lejos de
cumplir su cometido, al menos en apariencia y con el consentimiento interesado
del gobierno y demás agencias de observación, vulnera su función de vigilancia
y control, protegiendo con su indiferencia a los grandes estafadores.
Para intentar proteger su impunidad, los
políticos no se cansan de repetir porque les interesa, que la sociedad española
lleva en sus genes más inclinación que cualquier otra por la corrupción. Es
otra de sus cobardes mentiras. Lo que sucede es que los partidos políticos en
colaboración con otras instituciones, donde no faltan las religiosas, han
creado una atmósfera de relativa impunidad que está alcanzando unos límites
impensables, y utilizan una desmedida doble moral para juzgar las grandes
oligarquías formadas por el poder político y otras entidades que controlan los
medios de comunicación y el poder judicial. Entre todos se han adueñado de la
estructura general del estado corrompiendo el sistema para garantizar de esa forma sus ilimitados
beneficios y su permanencia en el abuso indignante del patrimonio público.
Es fácil entender que esta camarilla de
políticos miserables que dicen ser “progresistas”, no pasen de ser unos simples
oportunistas sin dignidad ni ideales que están prostituyendo la política. A
nadie puede extrañar que estos políticos pancistas y arbitrarios estén
pésimamente valorados en su propio país, entre otros motivos, porque carecen de
principios y únicamente satisfacen a sus propios intereses y a los partidos que
les protegen.
Está claro que a la casta política de
ninguna manera les interesa acabar con la corrupción, que se podía corregir a largo
plazo disponiendo de una buena educación ciudadana dirigida a corregir estos
defectos sociales, pero en vez de hacerlo, se aprovecha de ella porque saben
que están protegidos por los organismos que ellos mismos han creado para el
caso. Este desagradable ambiente de corrupción sistémica puede hacernos pensar
en una situación irreversible y que las cosas deben ser de esta forma aunque esto
no es así de ninguna manera y como todo, tiene un límite.
No me cabe la menor duda que si hubiera
forma de hacer que los políticos devolvieran todo el dinero público que nos han
robado, se podría saldar la deuda pública en su totalidad y favorecería el bienestar general de los españoles. Pero
esto está por llegar. Pese a lo que nos cuenten, mientras exista el mercadeo
político, los pactos interesados entre partidos y una ilusoria oposición, se
alargará el plazo para que los españoles podamos gozar de una verdadera
democracia.
Yo por lo menos así lo creo.
Yo por lo menos así lo creo.
Saludos, Miguel.
