Hay
temas que generan verdadera alarma social y por su magnitud sangrante claman
justicia. En esta ocasión no voy a referirme a los partidos políticos ni a sus
acólitos aunque parece que el Psoe también
está implicado. Hoy toca considerar la dudosa moral de los dirigentes de uno de
los sindicatos mayoritarios españoles al que están embarrando con sus
canalladas. El sindicato en concreto a quien todo apunta es la UGT-A, al que están corroyendo sus cabecillas.
Al parecer, estos individuos desvían el capital que les asigna para
subvencionar la formación de los trabajadores, la UE, el Estado Español,
la Comunidad de Andalucía a través
del Servicio Andaluz de Empleo y los Ayuntamientos, por otros fines más
beneficiosos para sus propios intereses. Por lo visto esta estafa viene de
lejos, son tantos años malgastando las ayudas públicas, que han logrado
convertir un problema económico en un cáncer social.
Lo
que sucede en esta Comunidad es intolerable. Según escriben algunos analistas,
si alguna vez saliera a la luz todo lo que se esconde tras esta trama, veríamos
que están implicados, además de los sindicalistas procesados, más de la mitad
del Psoe andaluz, desde el ex
presidente Chávez, que antes fue sindicalista, hasta el marido de la Presidenta
que trabajaba en el Instituto de Formación
y Estudios Sociales de UGT-A.
Pero no están solos. A la extensa lista de imputados habrá que sumarle la de varios
bufetes de abogados y los conseguidores intermediarios que, además de los
sindicatos, también se llevaron su parte con los trámites de las compensaciones
de las prejubilaciones a los parados andaluces.
Pero
ahí no queda la cosa, la corrupción en Andalucía va camino de generar alarma
nacional. Por si no era poco con los
casos de Mercasevilla, los ERE, Formación Delphi, y el Caso
FAFFE (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), no hace mucho se ha
descubierto otro gran fraude con la concesión de las ayudas de la Unión Europea para el empleo en la Comunidad andaluza, bajo la gestión
directa de la Junta. Al parecer
expedían Certificados y Diplomas sobre cursos de formación no realizados. Algo
parecido a los másteres de Cifuentes, Casado y Montón en Madrid. Se comenta que
estos Certificados, que son autorizados por varios organismos oficiales y
Empresas Delegadas, eran concedidos previo pago de alrededor de 100 euros y una copia del DNI. Estos
Títulos eran supuestamente utilizados como justificantes para poder asistir a
oposiciones o bolsas de contratación.
A
todo esto parece que la Junta de Andalucía que preside doña Susana Díaz, ha
admitido que el fraude asciende “sólo” a 143
millones de euros, aunque está publicado que las subvenciones que recibieron
entre los años 2.007 y 2.011, fueron de 1.613 millones de euros, que sumados a los 800 millones de los ERE,
y otros 3.000 de los Cursos de Formación, hacen insignificantes
los 18 millones robados de Mercasevilla.
Creo
señores jueces, que va siendo hora de terminar con este escandaloso robo de
dinero público. Tienen ustedes que juzgar y condenar sin contemplaciones a
todos los corruptos por muy protegidos que estén, y la condena debería ser
ejemplar.
Saludos,
Miguel.
