FONDO DE REPTILES

Como dije en mi anterior artículo, este año voy a investigar y publicar casos escandalosos, fraudes y tramas, donde los políticos sean del color que sean, participen en primera persona. Esto haré hasta donde la red me permita entrar, y sólo para denunciar aquellos casos donde la prensa tema represalias, y la justicia parezca estar al servicio de los políticos de turno o de las personas que manejan la tramoya del poder escondidos detrás de las bambalinas.

Hoy voy a escribir sobre el caso del llamado “fondo de reptiles” en Andalucía, donde hace unos años se armó un gran escándalo mediático estando en todos los noticieros, llenando de tinta los diarios, unos cuantos culpables detenidos… y poco a poco fue disminuyendo hasta que dejó ser noticia. Con esto no quiero decir que la justicia no siga su camino, lo que creo que ocurre es que cada peldaño que sube en el camino hacia la cúpula del poder andaluz en este caso, se encuentra con más impedimentos para continuar. Llegando a cierta “categoría social”, la justicia se vuelve lenta y costosa. Me estoy refiriendo al caso de los ERE irregulares en la comunidad andaluza, donde se destapó una trama de personas beneficiadas que jamás habían trabajado en Mercasevilla, y donde al parecer, la Junta cobraba comisiones ilegales a cambio de favores. Más tarde se descubriría otras empresas andaluzas que practicaban el mismo juego de EREs fraudulentos, cuyos beneficiarios eran colaboradores de organismos pertenecientes a la Junta, como el Instituto de Fomento de Andalucía o la propia Conserjería de Trabajo, por ejemplo.

La trama fue descubierta por los propietarios del restaurante “La Raza de Sevilla”, y fue la juez Mercedes Ayala, quien tuvo que investigar la denuncia formulada por estos empresarios a pesar de recibir numerosas presiones, veladas amenazas, incluso peticiones de recusación ratificadas por el Psoe, las defensas de los mismos implicados, y la propia Fiscalía andaluza que al principio se negó a intervenir y, hasta donde he podido llegar, la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha decidido actuar ni a favor ni en contra: simplemente ha cerrado los ojos y se ha tapado los oídos… y la nariz.

Durante la investigación de esta trama, se encontraron docenas de empresas implicadas, (casualmente varias pertenecientes al grupo de Ruiz Mateos), varios detenidos, y muchísimos imputados, entre los que destacan consejeros, empresarios, abogados, directivos de aseguradoras, sindicalistas, el Director General de Trabajo y su antecesor.

Las responsabilidades políticas de este caso, deberían caer sobre Manuel Chaves, que por entonces era presidente de la Junta de Andalucía, y fue durante su mandato cuando se concedieron la mayoría de las subvenciones fraudulentas, y resulta algo extraño, que un presidente ignore el destino de 933 millones de euros sustraídos año tras año de sus presupuestos. Otro responsable que tampoco se enteró de lo que se cocía en su propia cocina es José Antonio Griñán, que en aquellos tiempos ejercía de consejero de Economía y Hacienda, y hoy presidente de la Junta. Tampoco debemos olvidar la responsabilidad de Gaspar Zarrías que fue vicepresidente de Chaves, ni al resto de consejeros que por entonces vitoreaban las decisiones de sus jefes y amigos haciendo la “vista gorda”. Incluso uno de ellos, Antonio Fernández, que se auto-incluyó en un ERE irregular presentado por la empresa González Byass.

Ahora la Junta de Andalucía, a través del consejero de Justicia, pretende retirar del caso a la juez Ayala, valiéndose del estado actual de incapacidad laboral transitoria de la juez, que está de baja desde el pasado mes de septiembre, alegando “fuertes dolores de cabeza”. Raro, raro, ¿verdad? El sustituto que cubrió su baja, Iván Escalera, aprovechó su ausencia para rebajar las fianzas de los principales acusados y declarar el caso “secreto de sumario”. Casualmente este juez terminó su contrato el día 31 del pasado mes de diciembre. Ahora el Tribunal Superior de Justicia andaluz cubrirá el puesto con algún fiel servidor y procurará que no le suceda lo mismo que a su antecesora. Mientras esto ocurra, los defensores de los imputados, se encargarán de dilatar el tiempo hasta el límite que permite la Ley para intentar que prescriban los delitos y sus defendidos salgan de “rositas”, libres de cargos y con los bolsillos llenos.

Pasar de la pobreza a la riqueza con rapidez como hacen algunos políticos y los malos empresarios,  no es más que cambiar de miseria.

Miguel.

¡¡¡RECTIFICACIÓN!!!

En el artículo titulado “Ejemplo de austeridad”, escribí sobre los sueldos que cobraba la señora “de” Cospedal. Pues bien, trece días después de haber publicado su declaración, ha elegido un sábado con alevosía y nocturnidad para rectificar su propia confesión. Alguna persona de su entorno ha debido decirle que se “descubrió el pastel” y que la estrategia de publicar su declaración el día de Nochevieja para que pasara desapercibida, no había dado el resultado que se esperaba, además la gente se había dado cuenta del engaño, y finalmente no le ha quedado otro remedio que modificar los números. Ahora resulta que olvidó añadir otros 7.242 euros más a la cantidad que cobra como secretaria general del Pp. (No sabe con exactitud cuánto cobra). En resumidas cuentas resulta que en el año 2.011, cobró 96.139 euros, en vez de los 88.897 que ella misma dijo haber cobrado. Sumando nuevamente todas las cantidades el resultado nos dice que esta valiosa mujer cobró ese año la nada desdeñable cantidad de 165.631 euros netos, 215.000 brutos.

Un “error” de este calibre lo puede tener cualquiera, lo que sucede es que esta señora que yo sepa, no es una cualquiera, ostenta un cargo público que pagamos los españoles, y su obligación consiste en administrar una política de igualdad empezando por ella misma, en lugar de pretender engañarnos como intenta hacer siempre que puede. En esta declaración, ahora rectificada, nos hemos dado cuenta de la malicia con la que actuó al pretender ocultar las cifras reales, conociendo la situación económica de su pueblo, con el agravante añadido de publicar sus cuentas de la forma que lo hizo para que los ciudadanos no nos diésemos cuenta que en el año 2.011 había cobrado cerca de 200.000 euros. ¡¡Vergonzoso!!

Saludos, Miguel