Estamos hartos. Hartos de políticos
corruptos al servicio de las grandes corporaciones, de la banca y de los intereses
partidistas además de los suyos propios. Estamos hartos de unos gobernantes que,
apoyándose en estructuras creadas únicamente para incumplir las leyes, nos
roben impunemente ocultos tras sus cargos.
El problema de la corrupción no solo
preocupa a los ciudadanos españoles, organismos internacionales advierten a
nuestras autoridades que endurezcan las leyes penales ante la alarmante situación
de la corrupción española, asegurando que el actual Código Penal aún mantiene
vigentes artículos aprobados hace dos siglos que favorecen las situaciones
opacas, la corrupción y el latrocinio. A pesar de esto, los jueces españoles
están investigando actualmente cerca de 4.000
políticos, que van desde simples concejales y alcaldes de pueblos pequeños, a
ministros y ex-ministros del gobierno de Rajoy, añadiendo que la corrupción es
el resultado de una Constitución que otorga un enorme poder a las autoridades
locales que son aprovechadas por políticos indecentes para conceder contratos o
terrenos “a dedo”, sin formalizar consulta alguna con el resto de las
administraciones afectadas.
Para luchar contra esta lacra de
oportunistas cínicos, bastaría con reformar la financiación de los partidos
políticos y las leyes de Transparencia, así como el aumento de penas para impedir
la corrupción, fortalecer la independencia de los auditores, y reforzar el
actual sistema judicial escasamente financiado, que permite que muchos casos de
corrupción queden sin resolver durante años, hasta llegar a la anulación de los
procesos. En cambio, los ciudadanos que
hemos sufrido los rigores de los recortes presupuestarios en materia sanitaria,
educativa y social no hemos visto el menor ejemplo de nuestros gobernantes,
involucrados como están en permanentes procesos jurídicos por casos de
corrupción. Esta es una causa añadida a un generalizado sentimiento de
decepción y cabreo de la ciudadanía, que ha llegado a desestabilizar seriamente
al gobierno y ha minando la credibilidad de la clase política en su conjunto,
hasta llegar al actual hartazgo.
En mi modesta opinión, el único sistema
para reformar la democracia y volver a creer en las instituciones, es votar a
un partido que realmente sea capaz de lograr una auténtica coalición de partidos
progresistas que quieran cambiar nuestra anticuada Constitución, creada de
conveniencia en una situación atípica fraguada por los residuos de la dictadura
franquista para justificar el momento, y pensada para beneficiar a unos pocos
en detrimento de todos.
¡¡Basta ya de abusos!!
Saludos, Miguel.
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