¿PROTECCIÓN AMBIENTAL?

El desprestigio político en la Europa  monetaria, y especialmente en España, está alcanzando niveles auténticamente alarmantes que provocan en la ciudadanía gran alarma social, mientras los protagonistas continúan con sus monólogos para borregos. Mienten aun sabiendo que nadie les cree, bueno no todos, alguno de sus partidarios casi es seguro que sí, aunque promuevan extrañas campañas de auto-propaganda saliendo en los medios diciendo bobadas como esa que… “la gente del Pp. prefieren pagar la hipoteca antes que comer”, o esta otra, “se duchan con agua fría para ahorrar”, o aquella que se llevó el primer premio de la antología del disparate deshonesto refiriéndose a la dacción en pago, “… algunos aprovechados dejan de pagar la hipoteca para así poder comprar otro piso mejor”. Sin embargo actualmente, son muy pocos los españoles que hoy dudan que el inmueble de la calle Génova se asemeja más la cueva de Alí Babá, que a la sede de un partido político que hasta no hace mucho tiempo aparentaba ser el prototipo de la honestidad, y aún hoy fingen serlo. En estos momentos deben tener la maquinaria “legal” del partido trabajando al máximo, porque al parecer les urge establecer nuevas leyes que favorezcan a los suyos. Se dan prisa porque temen que el asunto de la Gurtel, Bárcenas, etc. les explote en la cara antes de acabar de construir las bases para seguir mangoneando desde el más ‘payá’, quieren hacerse con el mayor botín posible, y de paso dejar bien colocados a sus más cercanos esbirros.

En Castilla La Mancha, su presidenta, la señora “de” Cospedal, además de haber pactado el retiro de Bárcenas, aquél del “despido retroactivo”, ha prescindido sin pudor de los servicios de la Cruz Roja Española de su Comunidad que llevaba el programa de Emergencia Social para las Personas Dependientes, y entregárselo a una empresa privada. Quiere hacer lo mismo con los hospitales, centros de salud y demás servicios “no rentables” como el cementerio para los desechos radiactivos que se trajo a su ámbito de influencia. ¿Sabéis quien anda detrás de todas estas privatizaciones? Sactamente.

No obstante estos desmanes no solo los hacen en esa Comunidad, ¡qué va! también son frecuentes en Andalucía, Valencia, Murcia, Galicia, Cataluña… y en cualquier lugar donde la corrupción destaque impune. Ahora, el gobierno pretende reformar la Ley de Costas. Una Ley que entrega el Litoral español a los Ayuntamientos limítrofes en bandeja de plata, para que cada cual haga en su feudo lo que estime conveniente. Una Ley con más agujeros que un queso suizo. Naturalmente, antes de llegar a este punto han tenido que eliminar muchos obstáculos: típicos barrios de pescadores con más de cien años de antigüedad, antiguas urbanizaciones legales, hoteles, restaurantes, chiringuitos que pagaban sus impuestos… etc. Ahora las costas, una vez despejadas de estorbos tan indeseados como bien situados geográfica y estratégicamente, quedarán en poder de los grandes depredadores del ladrillo que ansiaban volver a la especulación que es lo suyo. A no tardar veremos que las playas estarán vedadas para los ciudadanos, y posiblemente tendremos que pasar por taquilla o pagar algún impuesto si queremos tomar el sol y mojarnos el culo. ¿Cómo puede haber gente tan insaciable, que primero crea una Ley que se supone de Protección Ambiental, para después  terminar transformada en un derecho de propiedad?

Esta Ley que a todas luces tiene trazas de privatización encubierta, permite entre otras cosas, tener en propiedad un acceso público casi de por vida, una especulación urbanística hecha a medida de los intereses privados. Con la antigua Ley, no se podía construir a menos de 100 metros de la costa, y aún así hemos visto en muchas playas que el mar llega a las mismas puertas de algunas urbanizaciones. Cuando aprueben esta nueva Ley, la zona de protección disminuye hasta situarla a 20 metros del mar en algunos casos, pero eso sí, deberán dejar una franja de servidumbre de 3 metros. Al mismo tiempo, esta nueva Ley indulta la demolición de 250.000 posesiones privadas y más de 3.000 chiringuitos levantados en suelo público, y garantiza la explotación y disfrute de estas construcciones a todas luces ilegales.

Pese a los coladeros que tiene esta Ley, creo que el famoso y mastodóntico hotel “El Algarrobico”, fiel ejemplo de la corrupción política, que se construyó nada menos que dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, no se salvará de la demolición porque tiene una sentencia firme, aunque me malicio que esta gente es capaz de volver a legalizarlo aprovechando su mayoría absoluta y esta Ley, que bien utilizada por los interesados, puede hacer que este hotel se “libre de la quema”. Llevan muchos años mareando la cuestión, y al parecer la Junta de Andalucía no quiere gastarse los más de 7 millones de euros que cuesta demolerlo, y supongo que tampoco querrán reembolsar los milloncejos que posiblemente recibieron algunos por autorizar su construcción, el asunto no está para despilfarros. Si fuesen inteligentes, cosa que pongo en duda, podían aprovechar la circunstancia para instalar en él una Macro-Residencia de Ancianos, por ejemplo.

Con el pretexto de “garantizar la protección del Litoral”, el gobierno aprovecha para moldear una España a su medida, y mientras esto sucede, sospechosamente la oposición calla, y los demás partidos aguardan en silencio su oportunidad.

Para terminar diré que con esta Ley, nuestro Litoral quedará en manos de los caciques locales que vuelven a abusar de los ciudadanos honrados mientras los demás políticos se miran el ombligo.

¿Dónde queda el Estado del Derecho?

Saludos de Miguel.