Con vaselina, sin que apenas se note, se
está abriendo ante nuestros ojos un completo desmantelamiento de nuestro país.
Nadie duda que una parte será culpa de la mal
llamada crisis, que no es otra cosa que una gran estafa financiera
provocada por banqueros encubiertos por políticos, que nos lleva a que los
ciudadanos de este país luchemos entre la miseria y la adversidad con todas sus
consecuencias sociales. Como quiera que sea, vivimos unos años extremadamente
complicados, y en la Universidad pública hace tiempo que se está apreciando.
El aumento de las tasas de los grados y
pos-grados, nos hace pensar a muchos ciudadanos sobre el futuro de la
Universidad pública. Más de uno opina
que el llamado “Plan Bolonia” esconde
un meticuloso proyecto dirigido a convertir la universidad pública en un producto
más al servicio de la propiedad privada. El catedrático de Biología Animal
de la Universidad de Málaga, Ramón Muñoz Chapuli, lo definió de la siguiente
manera: “Bolonia es un proceso fundamentalmente económico, no académico ni
científico, promovido desde instancias políticas y asumido de forma acrítica
por las autoridades académicas.”
Intentan convencernos de que la Universidad pública no
se va a privatizar, que está abierta al servicio del conocimiento y de la
sociedad. En cambio, debido a la escasez de presupuestos, reducen profesores,
materias, investigación; recortan becas, suben el precio de las matrículas y de
las residencias universitarias, desaparecen asignaturas optativas etc. De modo progresivo harán que algunos estudiantes se vayan decantando hacia la privada, aunque no sucederá lo mismo
con quienes tengan rentas más bajas. Esta situación expulsará a miles de
futuros alumnos del sistema público universitario.
Las privatizaciones, o las
transferencias, como las llama ahora el Gobierno, pueden mejorar las maltrechas
finanzas del Estado, sin embargo estamos viendo que la falta de transparencia y
el ya conocido ejercicio del favoritismo partidista, puede dar lugar a un
aumento de precios en el mercado que repercutirá en la cartera del consumidor final, que aún no tiene muy
claro que un proceso de privatización significa
que los bienes que son propiedad del Estado, (se supone que el Estado somos
todos), pasan de un día para otro a pertenecer y a estar controlados,
generalmente, por grandes corporaciones. Es cuestión de estrategia y de
tiempo.
Posiblemente la Universidad pública
española, lo mismo que otros estamentos, necesite una reforma, pero creo que no
debería ser la que imponga el Pp. basada en las mentiras del señor Wert, que
con su arrogante cinismo y la total ausencia de autocrítica, trata de
justificar lo injustificable, cuando afirma que los recortes y reformas implantadas
por decreto, no afectarían a la calidad
de la educación, y estamos padeciendo la realidad. Entre otras diré que la
matrícula de estudios de grado en las universidades públicas tiene un coste que
oscila entre 535 y 1.200 euros por curso académico. En la privada está entre
los 5.335 y 12.805 euros por curso. Además en la Universidad pública los profesores tienen la obligación de
investigar, sin embargo en la privada no exigen este requisito, y que yo
haya podido saber, la señora “de” Cospedal,
en Castilla La Mancha, que es su feudo, también pretende privatizar 15
residencias universitarias en los campus de Cuenca, Ciudad Real y Albacete.
En consecuencia, con las
privatizaciones, pese a todas las mentiras que están diciendo, habrá pérdidas
de miles de estudiantes que se verán excluidos contra su voluntad de las aulas
universitarias.
Ante el desmantelamiento de la
educación, la sanidad, y por nuestros derechos, nadie debería permanecer
callado.
Un saludo de Miguel.
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